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¿Quién mandó a matar al hombre de los millones de Condado del Rey?

Por: Yorlenne Morales Crítica -

La Gran Joya está fuera de control. Jairo Anel McClean Benson, de 41 años, tenía apenas 34 días de haber ingresado a ese penal tras ser capturado por el decomiso de 2 millones 360 mil 468 dólares en su apartamento del edificio Roka de Condado del Rey, pero la tarde del lunes lo asesinaron a tiros dentro de la celda 32 en un área de máxima seguridad.

Se sospecha que fue un crimen por encargo. Ya antes otro reo de alto perfil como el evadido israelí Shy Dahan había revelado la mafia que opera en el complejo penitenciario de Pacora.

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A las 6:40 p.m. del lunes se escucharon 4 detonaciones que acabaron la vida del colonense e ingeniero naval Jairo McClean, quien había sido detenido el 2 de agosto en una operación antidrogas; el 13 de agosto llegó a La Gran Joya.

El director del Sistema Penitenciario, Etéreo Armando Medina, afirma que se recuperó el arma y alegó que un hombre como McClean “estaba en una sección donde hasta el momento no hay nadie catalogado de alto perfil”.

Medina alega que el hombre al que se le decomisaron $2.3 millones se encontraba ubicado en uno de los sectores de La Gran Joya en atención a los criterios de seguridad; filtros que a cada persona privada de libertad se le hace previo al ingreso para salvaguardar su condición.

El funcionario alegó que el penal mantiene sistema de videovigilancia y el Ministerio Público se encuentra recabando los elementos de convicción necesarios para esclarecer los hechos. En el caso de la fuga de Shy Dahan, esas pruebas no existieron.

Las autoridades tratan de vender la tesis de que el crimen fue producto de una reyerta entre grupos de pandillas, pero hay quienes advierten que más bien pudo ser un encargo.

Etéreo Armando Medina culpó indirectamente a residentes vecinos de La Joya de los “paquetazos” que arrojan al penal para introducir armas y otras cosas.

Por el decomiso de dinero en el que se vio involucrado McClean hay otras personas detenidas, entre ellas, acusados de ser tumbadores.

Lo que llamó la atención de la audiencia por el decomiso de los $2.3 millones fue que ninguno de los acusados argumentó nada ante el juez de la causa y se les observaba temerosos.

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